Nota de prensa

Informe “Por una escuela concertada inclusiva” de Save the Children

Escuelas Católicas considera positivo que una organización como Save the Children se sume a tantas voces que denuncian la infrafinanciación de la concertada

EC defiende la labor inclusiva de los centros concertados y aclara aspectos sobre cuotas y criterios de admisión del Informe de Save the Children

18  septiembre de 2024

Desde Escuelas Católicas queremos manifestar nuestra sintonía con Save the Children, al poner de relieve en su reciente Informe una reivindicación que llevamos años exigiendo: la urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados. En su Informe, responsabiliza a las administraciones públicas de crear un efecto segregador al no dotar a los centros concertados de los recursos necesarios y reconoce que a “corto plazo, lo más urgente es la actualización de los módulos económicos de los conciertos. Objetivo, por cierto, en el que coinciden prácticamente todos los actores políticos relevantes y que formaba parte del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar”.

No obstante, consideramos necesario aclarar ciertas afirmaciones y conceptos equívocos que utiliza el Informe de Save the Children sobre la gestión de los centros concertados y su papel en el sistema educativo.

Los centros concertados no segregan, la falta de financiación, sí
El Informe señala que las escuelas concertadas contribuyen a la segregación escolar, pero más adelante aclara que el acceso a los centros concertados está limitado por la propia Administración, que es la que genera el efecto segregador al restringir o excluir a sus potenciales alumnos de las ayudas públicas existentes para alumnos de centros públicos. Con mayor financiación pública, se reducirían las supuestas barreras que impiden a algunas familias acceder a los centros concertados.

Según el Informe, en España se dan las mayores diferencias entre escuelas públicas y concertadas en el perfil socioeconómico de su alumnado, a la vez que advierte de los motivos por los que esto sucede poniendo como ejemplo el caso de Reino Unido y Países Bajos: “en estos países la escuela concertada es mayoritaria y apenas existen diferencias en la composición social entre escuelas públicas y concertadas, en gran parte porque la escuela concertada está financiada plenamente por las administraciones públicas”.

EC quiere resaltar el esfuerzo de la comunidad educativa de la enseñanza concertada para compensar la infrafinanciación estructural tiene efecto en los mejores resultados académicos de sus alumnos y aporta claros beneficios sociales. Tal como reconoce el Informe que nos ocupa, la mayoría de las escuelas concertadas en España contribuyen a reducir la segregación escolar, igualando al alumnado más vulnerable con el resto de alumnado.

Si “el coste de las escuelas concertadas es inasumible para las familias con menos recursos”, es responsabilidad de la Administración, se asegura en dicho Informe.

Cuotas y servicios adicionales: un malentendido frecuente
Los centros concertados, como cualquier centro sostenido con fondos públicos, ofrecen una educación gratuita. Es importante distinguir entre las cuotas que se pagan por servicios adicionales como el transporte, el comedor o las actividades extraescolares, y la aportación de las familias, siempre voluntaria y nunca vinculada al derecho a la educación, tal y como dicta la normativa vigente.

Criterios de admisión fundamentales, iguales para todos los centros
Es necesario aclarar que la normativa de admisión de alumnos en los centros concertados es idéntica a la de los centros públicos. No existe ningún tipo de discriminación ni de selección y los criterios de acceso aplicables son establecidos por la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Los criterios complementarios de acceso de los que habla el Informe son residuales, afectan por igual a todos los alumnos, y jamás tienen que ver con su capacidad económica.

El reto de la financiación: una lucha compartida
En definitiva, según Save the Children es necesaria una revisión de la financiación y del modelo de gestión que avance en la autonomía organizativa, desde una enseñanza gratuita, pero permitiendo una adecuada gestión financiera de los fondos recibidos.

Una demanda que EC lleva años reivindicando con el compromiso de trabajar por una educación inclusiva, de calidad y accesible para todos. Instamos por tanto a las administraciones públicas a cumplir la Ley, garantizando realmente la gratuidad de la enseñanza con una financiación adecuada.

Comprometidos con una educación inclusiva y de calidad
En Escuelas Católicas llevamos años señalando que el esfuerzo de nuestras entidades titulares, sumado a la colaboración de las familias, ha sido crucial para mantener la calidad educativa en nuestros centros, una calidad que también reconoce el Informe de Save the Children. Pero este esfuerzo no puede sostenerse indefinidamente sin el apoyo de las administraciones, que tienen la responsabilidad de garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos reciban los recursos necesarios para cumplir con su misión educativa y con su función social.

Es el momento de avanzar hacia una verdadera gratuidad de la educación y de que la Administración asegure que todas las familias, sin excepción, puedan ejercer su derecho a elegir el centro educativo que mejor responda a sus necesidades y valores.