LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CIERRA AULAS CONCERTADAS VULNERANDO LA LIBERTAD DE ELECCIÓN Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Escolas Católicas, familias y organizaciones sindicales denuncian esta medida que afecta sobre todo a alumnado, familias y profesorado.
21 de junio de 2022. Santiago de Compostela
La Consellería de Educación ha remitido a varios centros escolares pertenecientes a la red de Ecolas Católicas, mayoritariamente de la provincia de Pontevedra, resoluciones provisionales de modificación de sus conciertos educativos con el objetivo de cerrar unidades, especialmente en la etapa da Educación Infantil para el curso 2022-2023. La Administración educativa exige que varios de estos centros mantengan una relación media de alumnos y alumnas muy superior a la existente en los centros del entorno, lo que constituye una actuación arbitraria que vulnera totalmente la normativa de conciertos vigente.
Escolas Católicas, federación que representa al 50% de la educación concertada, modelo que escolariza al 29% del alumnado de la comunidad; la patronal CECE, la CONGAPA -representante de las familias- y los sindicatos FSIE, SNEP y USO denuncian que detrás de esta medida, tomada de forma unilateral y sin negociación de ningún tipo, se escondan una vez más políticas de ahorro en un ámbito tan importante como es el educativo y en un momento en el que se implanta una nueva ley.
Además, consideran que se trata de una decisión totalmente contraria a la defensa de la escolarización inclusiva, tan presente en las manifestacións públicas realizadas por los responsables de dicha Consellería, pues agranda las dificultades que afrontan estos centros, derivadas da falta de recursos y apoyo por parte de dicha administración. En esta línea, conviene recordar que los colegios concertados llevan años reclamando, incluso ante el Valedor do Pobo, recursos como por ejemplo la dotación de orientadores, para atender a este alumnado que, segundo datos de la propia Consellería, suponen un 66% de los niños y niñas con necesidades de apoyo educativo del sistema educativo gallego.
Pérdida de puestos de trabajo
Por otra parte, mientras en otras comunidades autónomas se negocian medidas organizativas que eviten la pérdida de puestos de trabajo afectados por dichos cierres y así facilitar una atención educativa de calidad para todos, la aplicación de esta medida en nuestra comunidad conlleva la pérdida de empleo para un número importante de docentes. La decisión adoptada supondrá, además del detrimento de la calidad educativa, una lesión a la libertad de elección de centro por parte de las familias y es contraria al espíritu de la Constitución Española, tal y como ha ratificado también el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias donde aclara que la argumentación de la administración se basa en una supuesta subsidiariedad de la red concertada que no es defendible en nuestro ordenamiento jurídico.
