Escuelas Católicas alerta sobre el grave impacto de la nueva tasa de residuos en los colegios

 

Recurrirá aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados católicos

4 de marzo de 2025

Escuelas Católicas expresa su preocupación ante la aplicación de la nueva tasa de residuos derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que está generando un fuerte impacto económico en los centros educativos. La norma obliga a los ayuntamientos a establecer esta tasa antes de abril de 2025, pero su falta de concreción y la discrecionalidad en su aplicación han llevado a que algunos municipios impongan cuotas desproporcionadas, basadas en criterios como la superficie o el valor catastral de los inmuebles.

Las ordenanzas municipales deben aplicar el principio de que “quien contamina, paga”, esto es, “quien más contamina, más paga”. Sin embargo, numerosos ayuntamientos están obviando este criterio de base y plantean fórmulas de cálculo de la cuota que solo tienen en cuenta aspectos que no demuestran la capacidad de generación de residuos del sujeto pasivo (superficie…), lo que se traduce en liquidaciones injustas y contrarias a derecho.

Asimismo, la ausencia de exenciones o bonificaciones para los centros concertados, justificadas por el hecho de ser prestadores del servicio público de educación y por su falta de capacidad contributiva, al no recibir financiación pública para hacer frente a este coste, aumenta la precariedad económica de la red concertada y puede ser el “golpe de gracia” para muchos de ellos.

Ante esta situación, Escuelas Católicas ha tomado medidas para proteger a los centros educativos afectados. Se han presentado impugnaciones judiciales contra la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, y varias entidades titulares de colegios han interpuesto sus propias demandas al considerar que la norma no se ajusta a derecho.

Escuelas Católicas continuará recurriendo aquellas ordenanzas municipales que no tengan en cuenta las circunstancias especiales de los centros concertados católicos. Asimismo, insta a los colegios afectados a impugnar individualmente las liquidaciones que reciban, ya que una resolución favorable contra las ordenanzas municipales no extendería automáticamente sus efectos a quienes no hayan presentado recurso.

Además, para apoyar a los colegios en este proceso, Escuelas Católicas ha encargado a un despacho especializado en fiscalidad municipal la elaboración de un informe jurídico con opciones de reclamación y modelos de recursos  administrativos.

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Sobre Escuelas Católicas

Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 1.959 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.747 centros de Educación Infantil, 1.689 de Educación Primaria, 1.633 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 776 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.845 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.206.294 alumnos y hay 104.965 trabajadores, de los que 85.592 son docentes. Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 57% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.

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