La sociedad exige libertad y pluralidad para nuestro sistema educativo
Los ciudadanos no se rinden y siguen plantando cara a la Ley Celaá
• Las manifestaciones de coches contra la Ley Celaá se han llevado a cabo en casi toda España
• Representantes de la Plataforma han leído un manifiesto que se adjunta íntegro
20 de diciembre de 2020
Cerca de un millón de personas en cincuenta ciudades de todo el país han salido a la calle para protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas, demostrando que no se rinden ante una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española. La Plataforma Más Plurales atenderá los deseos de los ciudadanos a los que representa y continuará mostrando su oposición a la Ley Celaá hasta el último momento, incluso más allá de la aprobación de la ley.
La Ley Celaá impone un único modelo de educación y elimina la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. La oposición ciudadana a esta ley se ha traducido este domingo en miles de vehículos colapsando las principales arterias de ciudades de todo el territorio español. Las familias, profesores y ciudadanos en general que han participado en esta manifestación con vehículos han respetado las medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias y la policía.
La Plataforma Más Plurales avisa de que no se rendirá y seguirá luchando con todos los medios democráticos a su alcance para corregir una Ley contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de Religión que imparte clases en los centros públicos.
Al final de la Manifestación, los representantes de las asociaciones de padres de Mas Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa. Adjuntamos el Manifiesto completo.
MANIFIESTO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2020
Sin dialogo, sin negociación, sin consenso político y social. En medio de una excepcional pandemia mundial que está requiriendo un enorme sacrificio a las familias, alumnado, trabajadores, equipos directivos y titulares de los centros. Con una tramitación parlamentaria exprés en la que, por primera vez, se ha vetado la participación de la sociedad civil. Así es como el Gobierno, desde la imposición, va a aprobar esta Ley. Ni es el momento, ni son las formas. Después de las distintas concentraciones realizadas contra la Ley y la histórica manifestación del pasado día 22 de noviembre en numerosas capitales y ciudades del Estado, el Gobierno no se ha dignado a hablar con la sociedad, despreciando las opiniones y sentimientos de millones de familias y educadores.
La LOMLOE tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas. Atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias.
Rechazamos esta Ley con contundencia. También rechazamos las calumnias y falsedades que se están vertiendo sobre la enseñanza concertada, sobre las familias que la elegimos libremente, sobre sus trabajadores y sus titulares con el único propósito de desprestigiar a un sector que contribuye, de forma muy positiva, a la educación y formación de una buena parte de la sociedad. La concertada, la religión, la diferenciada, la educación especial, no son problemas reales del sistema educativo, pero esta Ley quiere su desaparición.
La LOMLOE asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública. La programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones. El derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos.
Se afirma en la Ley que el derecho a la educación de todos lo deben garantizar los poderes públicos mediante la oferta exclusiva de plazas escolares públicas ¿Y la concertada? ¿No contribuye al derecho de todos a la educación desde hace más de 40 años? El Estado, la administración, ha de ser subsidiaria de los derechos que tiene las familias, los ciudadanos y no al revés. 2
Hoy nos manifestamos de nuevo contra la LOMLOE y a favor de la libertad, la pluralidad y el derecho a elegir. Defendemos y reclamamos:
• Que la sociedad española es diversa, democrática, tolerante y participativa. Por ello, la escuela debe ser también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y se pueden elegir libremente.
• Que la enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos.
• Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
• Exigimos al Estado y a las administraciones que cumplan con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, cubriendo sus necesidades materiales y de recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo público de igual calidad al alcance de todos.
• Demandamos que se respeten los derechos y acuerdos internacionales que existen sobre la asignatura de Religión. Es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
• Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial y que los padres o tutores puedan elegir libremente en qué tipo de centro quieren escolarizar a sus hijos pues ambos son inclusivos.
• Denunciamos que la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley debe garantizar financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.
Se equivocan si creen que vamos a estar callados ante este atropello. Vamos a seguir diciendo NO a la LOMLOE.
Continuaremos trabajando en todos los foros y ámbitos internacionales, nacionales, autonómicos, políticos y jurídicos, para minimizar las consecuencias negativas de esta ley hasta que se cambie nuevamente y, ojalá en esta ocasión, la novena, sea fruto de un verdadero Pacto Educativo. En educación cabemos todos y no sobra nadie.
¡Por nuestros hijos! ¡Por la pluralidad del sistema educativo! ¡Por nuestros proyectos educativos! ¡Por nuestro trabajo! ¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones! ¡Sí a la posibilidad de educar, pensar y creer en libertad!
Sobre Escuelas Católicas
Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 1.976 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos por niveles educativos hablaríamos de 1.756 centros de Educación Infantil, 1.704 de Educación Primaria, 1.641 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 776 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.877 entidades pedagógicas. En ellos se educan 1.216.907 alumnos y hay 102.948 trabajadores, de los que 83.682 son docentes.
Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la convierte en la organización más representativa de este sector.