Los ciudadanos lanzan 115.000 tuits contra la Ley Celaá
NUEVO ÉXITO DE LA “QUEDADA DIGITAL” QUE PIDE PARALIZAR LA LOMLOE
El Gobierno debe plantearse retirar la Ley Celaá y consensuar de nuevo su contenido
20 de mayo de 2020
Con el hashtag #paremoslaleyCelaá, 115.000 tuits han dicho no a una ley que no puede ser aprobada en medio de esta pandemia y que contiene muchos elementos que impiden el necesario consenso. Estas cifras muestran un rotundo éxito que viene a sumarse al obtenido el pasado 4 de mayo, cuando más de 100.000 tuits apoyaron la campaña #StopLeyCelaá.
La Plataforma Concertados agradece la participación de todas las personas que han hecho posible que este hashtag haya sido de nuevo TrendingTopic, lo que refleja la enorme preocupación social ante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley en las circunstancias actuales. La elevada participación de personas que así lo han manifestado ha sido un rotundo éxito.
El Proyecto de Ley contiene medidas que lesionan y limitan las libertades y derechos de las familias y los centros, y que han provocado el rechazo contundente de una gran parte de la comunidad educativa.
El Gobierno y los partidos que lo sustentan deberían escuchar y reflexionar sobre su empeño en aprobar con tanta urgencia una Ley que no va a tener el suficiente consenso y apoyo social. Volveríamos a tener una ley que durará lo que permanezca este Gobierno.
En estos momentos, lo urgente es organizar y preparar el cuso escolar 2020-2021 ante el incierto horizonte que se vislumbra. No es acertado que, sin saber aun cómo se va a organizar y desarrollar un curso que se prevé complejo, se intente aprobar una nueva ley de educación en cuyo desarrollo y aplicación también habrá que trabajar mucho en los próximos meses. Administraciones, titulares de centros y profesionales deben centrar todos sus esfuerzos para reducir y paliar los efectos que la crisis sanitaria y económica está teniendo sobre el alumnado.
Es claro que no es urgente aprobar en este momento este Proyecto. Debe paralizarse su trámite parlamentario. La Educación debe formar parte de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica y promover un Pacto Educativo para garantizar la estabilidad que necesita el sistema educativo. Un Pacto que respete la Constitución, los acuerdos internacionales, la libertad de enseñanza y la pluralidad de centros. Un Pacto en el que quepamos todos porque será beneficioso para el alumnado actual y futuro de nuestra sociedad.
